Colombia y su Renta Petrolera

Renta Petrolera en Colombia

La renta petrolera es la relación de ganancias de la venta del petróleo conforme el costo internacional menos los costos de producción de extraer el recurso del subsuelo.El coste internacional por su parte, se estandarizo a nivel internacional en WTI (West Texas Intermediate) y BRENT, el petróleo BRENT corresponde al crudo comercializado entre Europa, África y Medio Oriente y equivale a la mezcla de 18 géneros de crudo diferente del Mar del Norte. 

Es un crudo más pesado que el WTI y su coste prácticamente siempre y en todo momento es mayor. Por su lado el WTI (West Texas Intermediate) es un promedio, de la calidad de los crudos de Texas y rige en el mercado estadounidense. Teniendo presente lo precedente, una parte de la renta petrolera se marcha para las compañías multinacionales; excepto los países en donde esta nacionalizado el petróleo, y parte para los Estados. Para medir la parte que le toca al estado se usan 2 términos que son Goberment Take y State Take. 

El Goberment Take es lo que gana el estado por el cobro de impuestos más regalías, sin participación de la producción. El State take es lo que gana el estado por el cobro de impuestos más regalías, con la participación del estado de la producción teniendo como instrumento la compañía nacional, que en el caso colombiano es Ecopetrol. El contrato petrolero define la relación directa sobre la participación del Estado en la renta; y como tal, ha sufrido transformación durante la historia del país en donde se han amoldado diferentes géneros de contrato. Merece la pena decir que la política petrolera en Colombia no solo se reduce al contrato petrolero sino más bien por su parte hace parte de ella, un fantasma jurídico que define las reglas de juego de cara al desarrollo de la industria.

Evolución del contrato petrolero en Colombia

Contrato de Concesión vieja (1905-1970): En este modelo de contrato se enmarcan los primeros contratos de la explotación petrolera en Colombia, ese contrato tenía una duración de veinte años y unas regalías que fluctúan en el 10% y el 14%, la compañía petrolera privada disponía del 100% de la producción y lo que le quedaba al Estado colombiano medido en el State take era el 50% de las ganancias, donde ni tan siquiera se había creado Ecopetrol. 

Contrato de Asociación 50-50 (1970-1989): Tras la creación de Ecopetrol la sanción de la ley 20.969 se da paso al contrato de asociación, de esta manera cualquier inversor petrolera debía acordar con Ecopetrol como la compañía encargada de la administración de los hidrocarburos en el país, y tras el pago de regalías al 20% fijo y también impuestos, se dividían la producción por la mitad para cada una de las partes, una vez que se desembolsase por el estado el 50% de los costos de operación y desarrollo del campo. Estos contratos tenían una duración de 28 años y le dejaba al Estado colombiano un 68% al 70%.

Contrato de Asociación escalonada (1990- 1994): El Decreto 2782 de 1989 introdujo la distribución de la producción escalonada según la producción acumulada con regalías al 20% y con desembolso de costos de operación del 50% corrientes. En este contrato se generaba a favor del Estado un State Take del 68 al 70%.

Contrato de Asociación Factor R (1994-1998): Es un tipo de contrato que mantiene las regalías en un 20% y que define el porcentaje de participación del asociado bajo la definición del factor R, este factor es la relación entre ingresos y egresos; cuando el factor es 1, lo cual significa que el inversionista ha recuperado su inversión, la participación del estado aumenta gradualmente en más del 50% establecido inicialmente. En este contrato el State Take a favor del Estado oscila alrededor del 81% del total de la renta petrolera que produce el país.

Contrato de Asociación 70-30% (1998-2003): Desde el gobierno de Andrés Pastrana se vienen haciendo reformas que disminuyen la participación de la renta petrolera por parte del Estado Colombiano. La primera que introduce es la reforma al contrato de asociación, aumentando los ingresos de los inversionistas a un 70% contra un 30% a favor del estado colombiano. La segunda reforma fue la del factor R, donde que garantizó que los inversionistas tuvieran ingresos superiores al 1,5 de los costos de operación y disminuyó las regalías según el volumen de producción de cada yacimiento, de un 20% paso a una regalía escalonada que oscilaba entre el 5 y el 25%, que para el promedio del tamaño de los yacimientos del país termina por ser del 8%. Comenzó entonces, a disminuir la participación del Estado en la renta que oscilo en este periodo alrededor de un 68%. 

Contrato de Concesión Moderna (2003- 2012): En este periodo se hacen modificaciones sustanciales a la administración de los hidrocarburos en el país, se revive el contrato de concesión donde no es necesario asociarse con la empresa nacional Ecopetrol, se crea la ­Agencia Nacional de Hidrocarburos que mediante mesas de negocio establece estos contratos con las empresas petroleras, y Ecopetrol termina siendo una empresa más del mercado, pasando a ser una empresa de economía mixta por la participación privada del 10% de sus activos. A lo anterior se suma la eliminación del impuesto de remesas, la generación de exenciones tributarias para importación de equipos para la industria, así como otro tipo de exoneraciones que permitieron deducir del impuesto de renta las regalías que debían pagar por concepto de la explotación de los recursos naturales. Camilo Gonzales Posso1 (2011,24) afirma: “En los últimos años (2003- 2009), las rondas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, encargada de los contratos de asociación, presenta los nuevos términos económicos destacando que se han ampliado los plazos de exploración (6 años + 4 años), de evaluación y de explotación (24 años + extensión hasta agotamiento) y que se hacen 1 Posso, González Camilo (2011). 

Petróleo y transformación de conflictos. Bogotá: Indepaz más flexibles las regalías con la fórmula de escalonamiento en el rango entre 5% y 25%.Tambien se introduce una adicción a la participación estatal denominada “derecho por precios altos”. Otra novedad es la reintroducción de la “concesión” que había sido superada desde 1974 y la cláusula de “explotación hasta el agotamiento” en la ampliación de contratos de asociación para estimular la extracción secundaria, han sido parte del menú de estímulos a la inversión externa”. Es así, como se extendieron diferentes contratos de asociación que venían venciéndose con la clausula “explotación hasta el agotamiento”, esto no es más que una explotación a perpetuidad de las reservas existentes en dichos casos, incluso con una participación mayor que la original para el asociado. Entre estos contratos se extendieron: 

Contrato Catalina.- Gas de la Guajira: Concluía el 31de diciembre de 2004. Se extendió hasta el límite económico en favor de la Chevron Texaco. El Estado pierde en esta extensión 97 millones de dólares. 

Contrato Cravo Norte (Caño Limón): Se vencía el 31 de diciembre del dos mil siete. Fue extendido hasta el límite económico en favor de la OXY (Occidental), además de esto se aúna la extensión de nuevos 100 km2 de sísmica 3D con la posibilidad de ampliar el área establecida en el Contrato. Por su parte la modificación más recientes en el Gobierno de Santos han sido la re estructuración del Sistema General de Regalías; con ella en materia de liquidación crea una nueva disminución de regalías a los hidrocarburos no convencionales (shale oil- shale gas) mediante el Decreto- ley 4950 de 2011. 

El sustento jurídico fue la Reforma Constitucional del Acto Legislativo 05 que modificó los artículos 360 y 361 de la Constitución de 1991. Además se aprobó la reestructuración del sistema tributario para este tipo de empresas, con la cual se disminuyó el Impuesto a la Renta en 8 puntos, pasando del 33% al 25%. 

Como conclusión de esta pequeña síntesis histórica podemos afirmar que desde 1998 se han venido flexibilizando las condiciones que dan mayor cabida a la participación privada de la exploración y producción de hidrocarburos en Colombia. En ese sentido hay dos visiones del panorama petrolero en el país. 

Uno por parte de las empresas petroleras unificadas en la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) y de gran resonancia en las instituciones del gobierno, que plantea la necesidad de establecer seguridad jurídica a las circunstancias contractuales, donde prevalecen los incentivos de la inversión extranjera directa como motor de desarrollo de la industria, y que dicho desarrollo se expresa en un aumento significativo de la producción y por ende de las regalías y carga impositiva a favor de las finanzas del Estado. 

Por otra parte se encuentra la posición de los trabajadores, ambientalistas y diferentes sectores académicos y políticos que cuestionan el modelo de blindar la inversión extranjera en la industria a expensas de la participación del Estado en la renta petrolera. Se exponen también los perjuicios que resultan de forzar el incremento de los volúmenes de producción sin encontrar reservas que permitan garantizar la autosuficiencia energética en el país. 

Además se reclaman límites en la expansión de la frontera petrolera frente a la susceptibilidad social y ambiental de zonas como territorios colectivos o ecosistemas estratégicos para las comunidades locales.

Colombia y sus regalías petroleras


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