El Gobierno de los Países Bajos reúne este viernes el que puede ser el último consejo de ministros de su mandato. La posible dimisión es el único tema del día para el equipo del primer ministro liberal, Mark Rutte, que ha estado al frente de tres Gabinetes desde 2010, y la renuncia puede llegar por culpa de un escándalo sobre los subsidios familiares para el cuidado de los niños fuera del hogar. El caso se ha venido fraguando desde 2014 y no solo ha destapado los fallos del Servicio de Impuestos. Unos 26.000 padres fueron víctimas de la dureza extrema de un sistema de vigilancia de ayudas contables que, en busca de posibles fraudes, les investigó sobre todo en función de su origen, ya que la mayoría son de ascendencia turca o marroquí.

Las sospechas de estafa se han demostrado infundadas, pero las disculpas ofrecidas por el Ejecutivo y los rigores de la pandemia no han impedido que ahora se tambalee, ante la evidencia de que los progenitores se endeudaron y llegaron a perder, en ocasiones, la casa y el empleo. Y de que tuvieron que soportar el estigma social de ser señalados por un delito que no habían cometido, Rutte ha admitido que erraron todos: los Ministerios de Asuntos Sociales, Hacienda y Economía, jueces y funcionarios. De producirse, la renuncia no afectará la gestión de la pandemia, y las próximas elecciones, previstas para marzo, seguirán su curso.

Ni siquiera los rigores de la covid-19 han podido tapar al final lo ocurrido con las 26.000 familias afectadas, que en algunos casos acumularon deudas de hasta 100.000 euros al quedarse sin unas ayudas que les correspondían legalmente. El servicio de impuestos además, ordenaba la devolución del subsidio en pocos meses. A la vista del escándalo, la compensación estipulada por el Gobierno es de 30.000 euros por familia. La aparente generosidad de esta indemnización no ha evitado que los liberales de izquierda y la Unión Cristiana, dos de los cuatro partidos que forman la coalición de centroderecha en el poder, se hayan distanciado de los otros dos, liberales de izquierda y derecha, respectivamente.

Los dos primeros sostienen que la situación es tan grave como para precipitar una caída del Ejecutivo, que de acordarse finalmente, será anunciada este mismo viernes. Por el camino, ha dimitido ya el socialdemócrata Lodewijk Asscher, que fue ministro de Asuntos Sociales en los años retirada de las prestaciones, y era el cabeza de lista de su partido para los comicios de marzo.

El subsidio familiar se traduce en una suma mensual que varía en virtud del salario y horario de trabajo de los padres, y el precio por hora de guarderías o parvularios que cuidan a los niños. Los progenitores pagan una parte y el Estado el resto.

“Imagínese que de repente suprimen la asignación y los padres no tienen dónde dejar a sus hijos en horario laboral porque no pueden pagarlo. Lo normal es que si te quitan ese dinero te den explicaciones para que tú puedas demostrar que se equivocan; que sí tienes derecho. Pero lo que ocurrió es que se bloquearon las ayudas a pesar de que las familias presentaban toda la documentación en regla confirmando su derecho a obtenerlas”, explica Eva González Pérez, la abogada de origen español que destapó el caso en 2014, en conversación telefónica. Su marido dirige una red de centros infantiles distribuidos por varias ciudades del país, y cuando vio que algunos padres dejaban de acudir por problemas de solvencia, ella se puso a investigar.

El primer grupo de afectados sumaba 157 personas, y al principio parecía un error de procedimiento, pero luego pudo verse el sesgo discriminatorio, dado el origen inmigrante de la mayoría. La abogada, que los ha defendido, dice que cuando iba a juicio “los representantes de Hacienda subrayaban que yo era la mujer del dueño de las guarderías, supongo que para desacreditarme, mientras que ellos no entregaban todos los documentos necesarios al tribunal”. Varias de las familias, con tres y cuatro niños, vieron cómo estos alcanzaban la mayoría de edad sin que retornaran la asistencia. González Pérez añade que hubo algunas voces contrarias a lo que estaba ocurriendo dentro de la propia administración, pero no fueron escuchadas

En 2019, una comisión dirigida por Piet Hein Donner, antiguo ministro de Justicia, concluyó que en el caso “hubo falta institucionalizada de imparcialidad, y los funcionarios interpretaron de forma estricta la normativa contra el fraude”. Entonces auguró que miles de familias tendrían derecho a ser resarcidas de forma generosa. En 2020, hace apenas unos días, otra comisión, esta vez parlamentaria, criticó por igual al Gobierno y al Parlamento, “por redactar leyes que no hacen justicia a las situaciones personales”. También a los jueces, “por aplicar de forma implacable las normas, sin atender a las leyes administrativas que protegen a los ciudadanos”, al tiempo que señaló la mala gestión de la información entre los ministerios. El descrédito generado por todo ello puede acabar con el Gobierno en cuestión de horas.

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