El duelo de Mercedes consistió en llamar a sus hermanos por teléfono, llorar con ellos, lavarse la cara y seguir trabajando. “La mañana en que murió mi madre no pude ir a casa, había un brote en la residencia”, cuenta esta mujer de 61 años. Da un nombre ficticio porque no quiere exponerse, dice. Fue en agosto, ella no podía viajar los 800 kilómetros que la separaban de su familia, temía contagiarles, y en su centro, en Cataluña, la mitad de los mayores estaban infectados y media plantilla, de baja. “Era la única enfermera, los residentes no tenían a nadie, nos necesitaban”. Se le quiebra la voz. “Mentalmente estoy muy cansada, pero no tanto por la pandemia, sino por la inoperancia de los políticos en la gestión de los problemas sanitarios, y de los directivos. Estoy cansada de luchar por problemas que están cronificados”.

El suyo no es un caso aislado. Los trabajadores —en su mayoría mujeres— de las más de 5.000 residencias del país han convivido con el mayor de los riesgos, pasaron meses de máxima tensión para que no se desatara lo peor: llevar el virus al centro o a casa. Y cuando ocurría, cuentan los empleados consultados, era durísimo. Mayores a los que conocían desde hacía años que por la mañana estaban bien y por la noche fallecían. Plantillas que iban mermando a medida que el brote avanzaba, lo que conllevaba más trabajo aún para los que se quedaban. Cerca de 30.000 ancianos que vivían en residencias murieron. Todo ello ha pasado factura a los trabajadores. La pandemia ha puesto además negro sobre blanco problemas que llevan años arrastrándose: los gerocultores o auxiliares de geriatría no llegan a mil euros al mes, según el convenio colectivo estatal; las ratios de personal son insuficientes. La dependencia arrastra años de infrafinanciación. Muchos trabajadores se sienten abandonados, sin reconocimiento social ni laboral.

Ana Isabel López, técnica sociosanitaria de 49 años en una residencia de Guadalajara, resume en una frase un sentimiento compartido: “A nosotros nadie nos aplaudió, hemos estado ninguneados, y ahora ya han vuelto a olvidarnos”. Ella aún no ha digerido lo ocurrido. Durante el brote, se despertaba por las noches, angustiada. “No tenía fuerzas para ir a trabajar, pero iba, tuve que medicarme por los dolores musculares, sentía un dolor físico y mental”. Ahora, al menos, puede empezar a hablar de ello. Perdió cinco kilos. “Siento mucha rabia y frustración porque nos quedamos tan cerca [de que empezara la vacunación]…” A apenas unas semanas, exactamente. El brote fue en diciembre, explica, y dejó un centenar de contagios y una veintena de fallecidos. “Llevo 10 años trabajando allí. Me encargo siempre de un grupo de residentes, estaban ahí para vivir con nosotras, eran también algo nuestro, teníamos contacto continuo. Se nos llegaron a juntar hasta tres y cuatro ambulancias en la puerta y cuando se los llevaban, les decías: ‘No te preocupes, que vas a volver’, pero no volvían”.

El equipo de investigación Personalidad, estrés y salud, de la facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, ha realizado tres estudios con personal de residencias. En la primera ola constataron “altos niveles de estrés traumático y miedo al contagio, sobrecarga laboral, presión social derivada del trabajo y del control de familias y autoridades, y alto sufrimiento con el contacto tan abrumante con la muerte y el dolor”. Así lo explica Luis Manuel Blanco, uno de los autores, quien matiza que el estrés disminuía si sentían el apoyo de compañeros y supervisores. También concluyeron que esta crisis les había hecho experimentar satisfacción con su trabajo porque estaban ayudando. “En un tercer estudio, aún bajo revisión, hemos entrevistado de nuevo a parte de la primera muestra, alrededor de un centenar: ha disminuido el miedo al contagio, pero han aumentado el agotamiento emocional y el estrés traumático”, apunta. “En las entrevistas nos decían que se sintieron presionados, que sentían que se les daba un trato diferente al de los sanitarios en los hospitales”.

“Somos trabajadores de tercera”

Mercedes, la enfermera de Cataluña, lo corrobora. “Nos sentimos de segunda o de tercera”. Ella trabaja en una residencia que pertenece al mismo complejo en el que también hay un hospital, ambos dependientes de una fundación municipal. Tienen condiciones diferentes, sueldos muy inferiores. “Para que haya atención centrada en la persona, hay que conocer a los mayores, sus preocupaciones, motivaciones, vínculos familiares… Esto es imposible si hay tantos cambios de personal, ¿pero cómo no va a haberlos?”, se queja. Recalca que para ella el problema no es el dinero. “Hay un desprestigio total del trabajo”. Cuenta que les llegó un correo diciendo que, como agradecimiento al esfuerzo en el hospital, se pagaría un suplemento al 100% de los trabajadores. “A la residencia se nos dejó fuera. Envié una carta de queja. Hemos sufrido, llorado, luchado, y la empresa no nos consideraba merecedores no ya del suplemento, sino del reconocimiento. Días después, nos ingresaron un dinero”, afirma. “Tuve el reconocimiento de mi directora, pero no hubo correo de la empresa”.

Para Ana Isabel López, la auxiliar técnica sociosanitaria de Guadalajara, “la covid ha destapado las carencias en las residencias: las condiciones laborales de miles y miles de trabajadoras, agotamiento, sueldos precarios, inspecciones que no funcionan”. Ella, portavoz en Castilla-La Mancha de la Plataforma por la Dignidad en Geriatría, que agrupa a empleados y familiares, explica que “la Administración sabía perfectamente” en qué situación estaban ya antes de la pandemia y cuál es el convenio: “No podemos continuar así, con un sueldo de 997 euros, y no puede volver a pasar esto”. “Ya nadie habla de nosotros”, lamenta. No quiere generalizar: “Hay directores, como el mío, que dormían en un sofá y directores que ni han aparecido”. Dice que conseguir más mano de obra es “la pelea en todas las residencias”.

Este es precisamente uno de los puntos del plan de choque en dependencia, aprobado entre el Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades hace unos meses, que logró el respaldo de patronal y sindicatos y supuso la inyección de 600 millones de euros, un balón de oxígeno en un sector asfixiado por los recortes. Uno de los objetivos es mejorar las condiciones laborales. Ministerio y autonomías —que tienen la competencia— se han comprometido a negociar este año el acuerdo marco a nivel estatal que establece la calidad mínima que deben cumplir los servicios, incluida la ratio de personal.

“Ambos puntos están pendientes”, señala Jesús Cabrera, responsable de negociación colectiva privada de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras. “Las ratios dependen de las administraciones autonómicas, y los salarios, de la sinrazón de los empresarios, que tienen bloqueada la negociación del convenio”, asegura. En el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (Ceaps), una de las patronales, explican que están de acuerdo en subir salarios y ratios, pero que debe ir vinculado a la financiación. “Estamos haciendo un estudio que pone encima de la mesa un precio justo”, indica Cinta Pascual, presidenta de Ceaps, “con indicadores de resultados de calidad y líneas rojas, y ahí se contempla un incremento de los sueldos. Hay que mirar hacia delante y ser proactivos, pero hay precios de conciertos [en las comunidades que varían] de los 40 hasta 97 euros”.

La falta de financiación es uno de los grandes problemas. El ministerio se ha comprometido a nuevos incrementos para dependencia en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 y 2023. Pero Anabel Quiroga, miembro de la Federación de Entidades de Asistencia a la Tercera Edad, que agrupa a 60 centros gestionados por organismos sin ánimo de lucro (no solo residencias), considera que, además, hace falta un cambio cultural. “La atención a los mayores está desvalorizada”, sostiene. Ella dirige una residencia de 25 plazas que sufrió un brote en la primera ola, fue “una pesadilla”. Dice que las residencias se han sentido criminalizadas: “Muchos metieron a todos los centros en el mismo saco, también a los que nos dejábamos la piel”.

El estrés pasó factura y las condiciones no ayudan. Un gerocultor como Alberto, de 35 años, que trabaja en Asturias, cobró 1.060 euros el mes pasado, con cuatro noches y dos domingos incluidos. O Laura, de 49 años, que trabajó siete meses como supervisora en dos residencias de Salamanca. Ambos dan nombres ficticios; él teme ser despedido y ella, en paro, quiere conseguir empleo. Laura vivió un gran brote al principio de la pandemia. Recuerda llorar cada mañana antes de ir al trabajo, arrimar el hombro en todo lo que hacía falta en el centro y el rechazo que sufrieron ella y sus compañeras cuando quisieron alquilar un piso. “Nos juntamos 8 o 10, como el sueldo no es muy alto, nos daba igual dormir en sacos de dormir, lo único que queríamos era proteger a nuestras familias. Nadie quiso alquilarnos nada”, rememora.

¿Conoce algún caso de deficiencias graves en una residencia de mayores en España? Escríbanos a investigacionresidencias@elpais.es

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