La página web de la Seguridad Social publicó el 28 de enero de 2021 un aviso dirigido a todas las personas empleadoras del Sistema de Hogar, a quienes da un plazo hasta el 31 de marzo para que comuniquen los salarios actuales de sus trabajadoras. El aviso advierte de que, teniendo personas contratadas a tiempo completo y no cumplan con el plazo, serán objeto de control de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

En los próximos días, dice el aviso, la Inspección de Trabajo va a enviar cartas a quienes figuren como empleadores en las bases de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) con dos condiciones: un contrato de trabajo a tiempo completo y unas retribuciones inferiores al salario mínimo interprofesional —unas retribuciones mensuales inferiores a 950 euros en 14 pagas o a 1.108,33 euros, en el caso de ser 12 pagas—.

Será necesario, especifica esta comunicación, que declaren antes del 31 de marzo ante la TGSS el salario desde el 1 de enero de 2021, un salario que no puede ser inferior al SMI vigente. A partir del 1 de abril de 2021, si el empleador no  ha declarado el salario actual ante la TGSS, se iniciarán actuaciones inspectoras de comprobación por parte de la ITSS que pueden conllevar sanciones.

La Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia (ATH-ELE) interpreta este aviso —que han conocido tras ser publicado en la web del ministerio— como una victoria de las trabajadoras de hogar, que han denunciado incansablemente desde junio de 2019 que muchas trabajadoras cobran menos del salario mínimo con el conocimiento de las administraciones. “Después de año y medio de darnos largas, no han podido seguir mirando para otro lado: ahora nos toca controlar que se cumpla el plan”, valoran en una nota de prensa. Isabel Otxoa, profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad del País Vasco e integrante de la asociación, celebra este aviso: “Nos ha costado muchísima insistencia, lo que demuestra que las cosas hay que perseguirlas”. Pese a que el marco ante sus demandas ha sido siempre de una resistencia enorme, “es muy importante que hayan tenido que dar el brazo a torcer, porque supone normalizar el trato al sector”, valora Otxoa.

Respecto a la medida en sí, Otxoa advierte de de que el escrito es muy claro con respecto a las contrataciones a tiempo completo, pero no tanto en otros dos aspectos: la parcialidad y la retroactividad. Así, la parcialidad no aparece de forma expresa en el aviso, pese a que también se han detectado cotizaciones inferiores a la legalidad, según conoce de primera mano ATH-ELE.

Sobre la retroactividad, Otxoa hace notar que la administración tiene una obligación legal de contemplarla y, de hecho, el escrito explica cómo comunicar variaciones que afecten tanto al salario como al tipo de contrato y horas de trabajo declaradas que deban surtir efectos con anterioridad al 1 de enero de 2021. “Nos vamos a encargar de sacar a flote que retroactivamente hay una obligación legal”, advierte.

Escritos a la Seguridad Social y al Defensor del Pueblo

Sobre por qué se produce esta decisión ahora, ATH-ELE no tiene una respuesta clara, pero recuerda que el pasado 23 de diciembre dirigió un escrito a la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones del Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones donde detallan los pasos que han dado desde junio de 2019 para poner en conocimiento de las autoridades la situación y piden que se tenga en cuenta su escrito a los efectos legales oportunos.

Esta carta explica cómo el 24 de junio de 2019, la ATH-ELE presentó un escrito ante la Seguridad Social denunciando que la Tesorería General estaba defraudando a las trabajadoras de hogar y cuidados al no obligar a los empleadores a cotizar por los salarios legales. Es decir, muchas estaban cotizando debajo del salario mínimo con pleno conocimiento de las autoridades de la Seguridad Social, que durante años han permitido que se cotizase por los salarios declarados por la parte empleadora en la fecha del alta en la Seguridad Social sin ninguna actualización.

Porque en 2019 y 2020, trabajadoras a tiempo completo cotizaban por bases de 743 euros o por 877 euros mensuales, explica ATH-ELE —el salario mínimo subió en 2019 a 900 euros mensuales en 14 pagas, y en 2020 hasta los 950—, con las consecuencias que esto supone en la cuantía de todas las prestaciones de la Seguridad Social. La asociación conoce casos de cotizaciones que en 2019 tomaban como referencia la base de 2012.

Ante la falta de reacción por parte del Gobierno, el 11 de noviembre de 2019, un total de 32 organizaciones del sector presentaron una queja ante el Defensor del Pueblo. Después de esto, ATH-ELE ha seguido enviando al Defensor casos que demostraban que la situación no había cesado. Los escritos a la Defensoría referenciaban casos que la organización iba conociendo y que demostraban que la situación persistía. A raíz de estas cartas, el Defensor del Pueblo ha solicitado a la administración hasta tres veces información sobre el estado de la cuestión sin recibir respuesta, explica la ATH.

El planteamiento de ATH-ELE era acudir a la Fiscalía General del Estado por un posible delito de prevaricación por omisión de no tener respuesta, porque si la autoridad responsable del sector es conocedora de una ilegalidad que queda reflejada en sus bases de datos, tiene la obligación de actuar, argumenta, Isabel Otxoa.

Entre las integrantes de la asociación, celebran el aviso de la Seguridad Social, que cumple con sus demandas, que pasaban por que el Gobierno arreglase el problema sin obligar a las trabajadoras a denunciar individualmente a sus empleadores. Además, recuerdan que PNV y PSE se negaron en el parlamento vasco a pedir medidas de regularización al gobierno de Madrid diciendo que la denuncia individual era el único camino posible.

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